El
jefe de la bancada del FPV-PJ en Diputados consideró que la medida
“producirá efectos positivos para la industria y el comercio”. La
iniciativa retrotrae los precios al 31 de diciembre en luz, gas y agua y
prohíbe aumentar las tarifas por un año.
Rossi insistirá en el Congreso para que una ley evite nuevos tarifazos.
Imagen: Sandra Cartasso
Imagen: Sandra Cartasso
De
cara al ciclo legislativo que se acaba de iniciar, Agustín Rossi
presentó un proyecto de ley que contempla congelar los precios de las
tarifas por un año en todo el país. Se trata de una promesa que el hoy
presidente de bloque de diputados del FPV-PJ hizo durante la última
campaña electoral.
El proyecto apunta a retrotraer al último 31 de diciembre los valores
de las boletas de luz, gas, agua y cloacas. Si la norma se aprueba, no
habrá aumentos por un año. Tampoco se podrá cortar el suministro por
falta de pago de facturas de 2016 y 2017. Además, se establece que los
futuros incrementos deben ser de acuerdo a criterios de equidad, o que
no podrán exceder el Coeficiente de Variación Salarial. Además, prevé
que los aumentos futuros deberán ser a razón de no más de uno por año en
cada servicio y de manera escalonada.
“Va a significar un alivio inmediato para el bolsillo de los
trabajadores argentinos”, aseguró Rossi sobre un proyecto que “producirá
efectos positivos para la industria y el comercio”. En los fundamentos
recordó los efectos del tarifazo del gobierno de Mauricio Macri apenas
asumió, y “que marcaron un camino de aumentos de tarifas que continúa
actualmente y se anuncia también para el futuro, desfasado de la
evolución del poder adquisitivo y de pago” de los ciudadanos.
Además, recordó que la Corte Suprema intervino en agosto de 2016 tras
un recurso colectivo de amparo, un fallo que “no resuelve la política
pública en materia de servicios públicos”. De allí que, en opinión de
Rossi, es el Congreso el que “debe legislar en favor de la
sostenibilidad social y productiva de los servicios públicos, de los
derechos de usuarixs, que demandan el acceso a los servicios públicos
como un derecho, no un privilegio”.
El diputado también ponderó el hecho de que, “que la evolución
mensual de las interrupciones” a nivel de suministro eléctrico, “no han
mejorado” a la par de la suba de tarifas, “empeorando la situación de
los cortes” durante el último año.
El proyecto hace hincapié en el hecho que se quiera encarar un
aumento tarifario del 26 por ciento, que empeorará todavía más la
situación, “cuando la inflación de la Ley de Presupuesto 2018 propuesta
por el gobierno es del 15,7 por ciento”. En este contexto, el Estado
queda “relegado a mero instrumentador de los intereses y necesidades de
las empresas”.
Finalmente, Rossi recordó que la política tarifaria del macrismo “es
contraria a lo sostenido por el Comité del Pacto Internacional de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, que estipula que “los
gastos relacionados con la vivienda no deben comprometer el logro y la
satisfacción de otras necesidades básicas, y que el porcentaje de los
gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de
ingreso”.
Fuente:Pagina/12
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